Siete de cada diez españoles consideran “muy importante” el trabajo que desempeñan los administradores de fincas como mediadores entre la comunidad de propietarios y los vecinos a título individual. Se trata de una de las conclusiones del Informe Administrador de fincas colegiado, publicado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España en 2016, y que pretende acercar esta figura al ciudadano.

Las cifras del sector

Unos 86.000 empleos están directamente relacionados con la administración de fincas en España, actividad que mueve unos 2.600 millones de euros al año, según datos del Análisis de las estructuras regulatorias en la administración inmobiliaria, de Solchaga Recio & Asociados. Este estudio cifra entre 34.000 y 40.000 millones de euros la cantidad gestionada anualmente por la profesión.

Su misión

Los administradores de fincas se encargan de los asuntos financieros, legales y técnicos necesarios para el mantenimiento y gestión económica de las propiedades, a petición de los propietarios de fincas urbanas o rústicas, o bien por decisión de la junta de propietarios.

• Aportan seguridad jurídica en la organización de las comunidades de propietarios, donde habita el 80% de los españoles.
• Gestionan la economía integral de los recursos presupuestarios. Entre los que se incluyen las dotaciones previstas para la conservación y mantenimiento de las edificaciones.
• Son garantes de la conservación y mantenimiento del patrimonio inmobiliario español y de la vivienda de los ciudadanos
• Contribuyen a la garantía de desarrollo y aplicación de las políticas de vivienda y políticas sociales promulgadas por la normativa vigente y la acción de las Administraciones Públicas.

Sus obligaciones como administrador de fincas

Es importante que el ciudadano identifique qué obligaciones adquiere el administrador de fincas que contrata. Según el Código Civil, el administrador está obligado a “gestionar los inmuebles con sujeción a las leyes, velando por el interés común, desempeñando las funciones conducentes a su conservación y gobierno, y procurando conseguir el óptimo rendimiento según el destino dado al inmueble”.

En la práctica, estas funciones varían mucho en función del tipo de inmueble administrado, pero hay tres grandes grupos de obligaciones profesionales:

• Conservación del inmueble. Una actividad que incluye actuaciones de prevención, mantenimiento y reparación.
• Asesoramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones legales, informar sobre la fiscalidad aplicada y otras cuestiones, por ejemplo, las laborales en el caso de que tenga personal contratado.
• Gestión. También es el encargado del control de cobros y pagos, la rendición de cuentas, y la supervisión del presupuesto de ingresos y gastos.

En el caso de que el administrador gestione fincas de alquiler, puede desarrollar otras funciones, como las relativas a la contratación, el conocimiento del mercado para establecer unos precios de alquiler adecuados, o la redacción de contratos de alquiler. También puede estar encargado del mantenimiento de las rentas. En tercer lugar, también asume una labor de vigilancia ante posibles situaciones irregulares, las más comunes serían cesiones, subarriendos o traspasos.